Por Exequiel Vergara Desde hace medio siglo funciona en nuestro país una operatoria que a ciudadanos de otros países les resulta muy difícil de entender,

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porque el sistema resulta tan desventajoso para sus usuarios que cuesta explicar su éxito en relación con las ventas de automóviles en territorio nacional.

Por Exequiel Vergara, abogado Comercio y Justicia.

Un plan de autos por círculo cerrado, despojado de los bombos y platillos con los que se ofrece en la cartelería física y virtual, y de la agresiva verborragia de sus experimentados vendedores, consiste en un contrato por el cual una persona compra un auto a la fábrica, con una serie de condiciones que implican asumir el cien por ciento del riesgo de la operación.

Lo primero que se advierte es una inversión en la lógica de los negocios, ya que el consumidor adelanta sus ahorros para comprar un bien que todavía no está en el mercado, que ni siquiera existe y que no se le asegura que existirá. Es decir, la gente común le financia la producción al fabricante, y para que esto no sea tan evidente, se recurre a la ficción de los “grupos de ahorristas” que supuestamente serían “socios” en esta aventura de adquirir un cero kilómetro.

Partiendo de esa lógica trastocada y con las armas del marketing moderno, se presenta al público como una propuesta de “ahorro”, nuevamente partiendo de una idea bastante peculiar de que un auto puede considerarse una especie de inversión, cuando los conocimientos más básicos en economía nos enseñan que se trata de todo lo contrario.

De las necesidades de la industria automotriz nacional surgió un formidable negocio, que al día de la fecha sigue encontrando sus adherentes pero que con cada nuevo desbarajuste en la relación peso-dólar muestra su verdadera cara. Crearon administradoras de fondos de sus clientes, pseudomandatarias de ellos, que en realidad no son más que títeres de la empresa fabricante y, por lo tanto, están sujetas a sus exclusivos intereses.

La empresa se asegura un contrato completamente leonino, aprobado por la Inspección General de Justicia (lo que no significa que no pueda cuestionarse judicialmente), que le posibilitará modificar a su antojo tanto el precio como el modelo del producto final. El cliente debe pagar durante siete años y si el dólar sube, el modelo cambia, los costos de producción varían, etcétera, etc., la cuota subirá. Por supuesto que en un país hiperinflacionario como el nuestro no se registra ningún caso en la historia en que la cuota haya disminuido su valor.

A un negocio que ya económicamente es desleal se le suman costos abusivos como “derecho de suscripción”, “de adjudicación”, “gastos administrativos”, “gastos de cobranza” y demás, como si la empresa títere efectivamente le brindara al usuario un servicio real.

En definitiva, es un contrato realizado exclusivamente en beneficio de la empresa, completamente contrario al sentido del ahorro y que sólo puede tener éxito en las ventas gracias a la combinación de dos factores clave: ciudadanos con total carencia de educación financiera y una publicidad agresiva, mentirosa e impune. El consumidor entrega sus ahorros por adelantado a cambio de la esperanza de un automóvil determinado, pero que termina siendo decidido por la administradora, que le cobra gastos excesivos de toda naturaleza, pagando “al contado” un automóvil que al momento de la contratación no estaba fabricado.

Por otro lado, si por cualquier avatar de la economía el deudor no pudiere abonar el total de la cuota, las consecuencias serán desastrosas, pierde parte importante y en algunos casos hasta más de la totalidad del capital invertido. Un “círculo” al que la adjetivación de vicioso le queda insuficiente, al punto de generarse cotidianamente situaciones insólitas en las que el consumidor quiere dar de baja un plan y, frente a la elocuencia de los vendedores (la cual, según el contrato tipo, todo lo que digan no forma parte del negocio), termina firmando nuevos planes adicionales en lugar de deshacerse del primero.

Todo ello sin considerar cuestiones adicionales como las prácticas abusivas relativasn a los seguros y a las ejecuciones prendarias que, aunque los autos se venden en todo el país, en muchos casos los remates se realizan con exclusividad en Buenos Aires.

Lamentablemente el sistema está consolidado y difícilmente una acción judicial, ya sea individual o colectiva, pueda atacar con éxito el punto que hoy más cuestionan los suscriptores: la cuota “móvil” (más bien cuota “ascendente”). Es el corazón del plan de autos y cuestionarla sería cuestionar el sistema en sus cimientos.

Pero de esta crisis del sistema de planes de ahorro es preciso sacar una valiosa lección: la educación del consumidor, financiera y jurídica, es la clave para evitar a futuro gran parte de sus penurias actuales y proteger su economía doméstica, tan vapuleada por la ineficacia política como por la voracidad de los grandes grupos económicos.

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